Cinco años después de conocerse el fallo de segunda instancia por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, para la revaluación del espacio público concedido por el Distrito a la sociedad Carnaval de Barranquilla, la situación sigue en las mismas.

En esa oportunidad, 16 de mayo de 2012, el Tribunal acogió una acción popular interpuesta por el abogado Marcio Melgosa, para la protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y del patrimonio cultural de la Nación, cobijados en la manifestación del Carnaval de Barranquilla, y determinó, entre otros aspectos, que se tomaran ciertas medidas.

Una de ellas fue: “Inaplicar el literal b) del artículo sexto del Acuerdo No. 033 de 1991, en el sentido de que la concesión por la utilización de las calles, avenidas y demás espacios públicos no deben tener un valor fijo de $100.000.000 por un término de 50 años, por lo que si el Distrito persiste en entregar a terceros los espacios públicos para la realización de las actividades del carnaval deberá utilizar un instrumento jurídico en el que se pacte una retribución proporcionada y adecuada en términos comerciales”.

El Acuerdo que crea la Sociedad de Economía Mixta Carnaval de Barranquilla facultó al Alcalde para realizar aportes dentro de la sociedad hasta po 150 millones de pesos como participación del 51%, en la siguiente forma: $50 millones como aporte efectivo y $100 millones “como valor de la concesión por la utilización de las calles, avenidas y demás espacios públicos que se juzguen necesarios para el desarrollo normal de las actividades del Carnaval de Barranquilla”.

“Este arreglo se dio en ese momento para solucionar de alguna manera la falta de escenarios propicios para adelantar los eventos del Carnaval. Sin embargo, se quedó corto en un aspecto: el método impuesto por el Acuerdo implicaba entregar como aporte del Distrito para la sociedad que se encargaría de manejar el Carnaval, el uso en concesión de las distintas vías, por un lapso de 50 años, valorando tal acto en $100 millones. Es decir, el Distrito permitía el uso del espacio público como aporte a la sociedad, pero lo recibido en contraprestación bajo la figura jurídica vista como “concesión” se tasó en esta irrisoria suma”, precisó Marcio Melgosa.

Recordó que una vez notificada la sentencia de segunda instancia, el Distrito expidió el Decreto No. 0669, de fecha 22 de junio de 2012, “Por el cual se delegan unas funciones en unos funcionarios del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, en el que imparte unas directrices para el cumplimiento de la sentencia.

"Teniendo la sospecha de que ninguna gestión se ha hecho para cumplir con lo dispuesto en la sentencia, en lo que a esto se refiere, presenté en marzo de 2016 derecho de petición al Alcalde donde le pregunto, entre otras cosas, si el Distrito de Barranquilla presentó al Concejo Distrital el proyecto de acuerdo que se menciona en el Decreto 0669 de 2012. El derecho de petición no fue contestado viéndome obligado a interponer acción de tutela. Finalmente, y luego de respuestas evasivas, tras iniciar incidente de desacato, pude conocer la respuesta del Distrito”, señaló.

Se trata del documento enviado al juzgado de conocimiento de la tutela, el 16 de septiembre de 2016, por Donaldo Enrique Fernández Siado, apoderado del Distrito, en el cual manifiesta lo siguiente en lo pertinente: “De acuerdo con lo expresado durante el desarrollo del presente escrito, reiteramos al connotado juez constitucional nuestra petición en el sentido que se nos otorgue o conceda un término prudencial y razonable no inferior a treinta (30) días hábiles para que la Alcaldía distrital de Barranquilla, a través de las secretarías delegadas mediante decreto elaboren el proyecto de Acuerdo y lo presenten al honorable Concejo distrital de Barranquilla mediante el cual se establezca la nueva fórmula para calcular el valor de la concesión del espacio público”.

“Como se puede ver, luego de casi cinco años el fallo no se ha obedecido. ¿Dónde están los organismos de control y el propio Concejo, a quien corresponde el control político de una situación que amerita un sesudo estudio? Lo aquí expuesto es sumamente grave pues se está incumpliendo con un fallo judicial, además de que el Distrito está dejando de percibir grandes cantidades de dinero, al no existir una fórmula acorde que le retribuya el uso del espacio público entregado a la Sociedad de Economía Mixta Carnaval de Barranquilla”, puntualizó.